La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo de Patricia Benavides, pidió a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que aplique la Ley N.° 32419 al exjefe político militar de Huancavelica, Luis Edgardo Paz Cárdenas, condenado a 15 años de prisión por la desaparición forzada de un dirigente de derechos humanos y el asesinato de un líder agrario ocurridos en 1990.
El pedido está contenido en el Dictamen N.° 359-2026-MP-FN-SFSP, emitido el 22 de junio de 2026. En ese documento, la Fiscalía concluye que corresponde declarar fundada la excepción de amnistía presentada por la defensa de Paz Cárdenas.
Según el dictamen, los hechos ocurrieron entre 1980 y 2000, periodo comprendido por la Ley N.° 32419, que concede amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo. Por ello, considera que la norma puede aplicarse en este caso.
La Fiscalía también señala que, aunque la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, esta sigue vigente y forma parte del ordenamiento jurídico, por lo que sus efectos pueden ser aplicados mientras no exista una decisión en contrario.
La condena
En octubre de 2023, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a Luis Edgardo Paz Cárdenas a 15 años de prisión efectiva por la desaparición forzada de Rodolfo Ángel Escobar Jurado y el homicidio calificado de Falconieri Saravia Castillo, hechos ocurridos cuando era jefe político militar de Huancavelica.
Escobar Jurado era dirigente y defensor de derechos humanos. Denunciaba los abusos cometidos tanto por Sendero Luminoso como por agentes del Estado y promovía el respeto al debido proceso. Fue detenido el 27 de febrero de 1990 y desde entonces permanece desaparecido.
Falconieri Saravia Castillo presidía la Confederación Agraria de Huancavelica. El 16 de marzo de 1990 fue intervenido por militares vestidos de civil cuando se dirigía a una reunión. Dos semanas después, el 1 de abril, su cuerpo fue encontrado en el sector de Lachocc con signos de tortura y múltiples impactos de bala.
La sentencia también ordenó el pago de S/ 500 mil de reparación civil a favor de los familiares de ambas víctimas.
Cuestionan el pedido
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, cuestionó la posición de la Fiscalía Suprema. Afirmó que aplicar la ley de amnistía en casos de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos contradice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría abrir la puerta a la impunidad.
Ahora será la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema la que decida si acepta el pedido de la Fiscalía Suprema o mantiene la condena impuesta contra el exjefe militar.
