Denuncian ante la JNJ a juez que favoreció a Chinalco y ordenó desalojo de familias de Morococha

Una denuncia disciplinaria formal fue presentada el 9 de octubre ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Jesús Santana Socualaya, titular del Juzgado Civil de La Oroya, por presuntamente haber incurrido en siete faltas muy graves y graves en un proceso que, según los denunciantes, benefició a la minera Chinalco Perú S.A.. La acción pide la suspensión preventiva del magistrado mientras dure la investigación.

La denuncia sostiene que el juez se extralimitó en sus funciones y actuó con dolo funcional al subordinar la función judicial al interés privado de la empresa minera. Las resoluciones cuestionadas dispusieron el desalojo anticipado de las últimas diez familias que resistían en la antigua Morococha, pese a que este territorio fue reconocido por el Estado como Zona de Alto Riesgo No Mitigable (ZRNM).

Los pobladores afectados —que aseguran haber vivido en el lugar mucho antes de la llegada de la minera— perdieron la posesión de sus predios y vieron destruidas sus viviendas por Chinalco, a pesar de que la resolución del propio juez ordenaba preservar los inmuebles hasta nuevo mandato judicial.

El predio en disputa se ubica en la antigua ciudad de Morococha, en La Oroya, reconocida oficialmente como Zona de Alto Riesgo No Mitigable mediante la Resolución Jefatural N.º 024-2018-CENEPRED/J.

La denuncia argumenta que el juez conocía expresamente los impedimentos legales establecidos por la Ley N.º 30680, que prohíbe iniciar acciones judiciales civiles sobre posesiones en zonas de riesgo. Pese a ello, Santana Socualaya devolvió la posesión a Chinalco, asumiendo una competencia que la ley le vedaba expresamente.

Las siete faltas imputadas

La denuncia atribuye al juez siete faltas graves y muy graves, que se resumen así:

1. Actuar en proceso legalmente impedido: asumió competencia para restituir la posesión de un predio en ZRNM, contraviniendo la Ley 30680 y el principio de primacía de la norma especial.

2. Dictar una medida cautelar improcedente: ordenó un desalojo anticipado sin demanda previa, pese a estar impedido de hacerlo por afectar derechos de interés público (reasentamiento) y tratarse de una medida irreversible.

3. Usurpación de competencias estatales: dispuso el desalojo de familias con derecho de reasentamiento poblacional, materia reservada a entidades como la SBN, el Ministerio de Vivienda, CENEPRED y la PCM.

4. Falta de motivación judicial: sus resoluciones presentan motivación aparente o inexistente. La denuncia señala que el juez razonó “a conveniencia de su decisión previa”, simulando una justificación vacía para legitimar un acto irregular.

5. Inobservancia de deberes judiciales (delegación indebida): delegó la ejecución del desalojo a la minera “bajo su cuenta y riesgo”, y se ausentó del operativo. Los bienes de las familias fueron trasladados en camiones con las placas cubiertas, sin inventario ni custodia judicial.

6. Distorsión deliberada de la ley: reinterpretó de forma sesgada la Ley 30230 para extender a Chinalco privilegios reservados al Estado, falseando la naturaleza jurídica de las partes y legitimando un desalojo prohibido por ley.

7. Tolerancia ante la destrucción de inmuebles: aunque su propia resolución ordenaba no destruir las viviendas desalojadas, el juez no adoptó ninguna medida de control ni sanción cuando Chinalco procedió a demolerlas.