En su nuevo informe ‘¿Quién disparó la orden?’, Amnistía Internacional analiza las responsabilidades en la cadena de mando sobre el actuar de la Policía y las Fuerzas Armadas en las protestas de sociales contra el Gobierno, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La investigadora de organización de derechos humanos, Madeleine Penman, explicó que Amnistía Internacional accedió a las actas de los Consejos de Ministros realizadas durante las protestas y comprobó que la presidenta Dina Boluarte participó en 29 de estos consejos y en ninguno de ellos ordenó un cambio de táctica de la Policía y las Fuerzas Armadas, cuya acción dejó 50 muertes y alrededor de 1 400 heridos.
“Hubo decisiones conscientes desde la presidenta de la República desde el día 1. La presidenta desoyó informes de inteligencia que afirmaban que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales, y que el número de personas en las calles no ameritaban la presencia de las Fuerzas Armadas”, dijo Penmam.
Por el contrario, la jefa de Estado, también jefa suprema de la Policía y las Fuerzas Armadas, decretó con el apoyo de su Consejo de Ministros un estado de emergencia, que, unido al discurso de que los manifestantes eran terroristas o grupos hostiles, habilitó la forma en que actuaron policías y militares.
“Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones a los derechos humanos en las protestas”, afirmó Madeleine Penman.
La investigadora de Amnistía Internacional explicó luego que el análisis jurídico arroja como resultado que la conducta de Dina Boluarte, sus ministros y los altos jefes policiales y militares, cumple con los requisitos desarrollados por la Corte Suprema y el derecho penal para la autoría mediata.
“Lo que hacemos es presentar elementos valiosos en estos análisis y quedan en manos del fiscal y del Poder Judicial determinar las responsabilidades penales”, señaló la experta.
A pesar de que la presidenta declaró bajo juramento antes los fiscales que de ninguna manera tuvo contacto con comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas, “la evidencia y la verdad es todo lo contrario”; en diciembre del 2022, Amnistía Internacional tiene pruebas de que al menos entre 6 o 7 veces, mantuvo reuniones con mandos militares.
En todas ellas, la preocupación de Boluarte estuvo centrada en proteger la propiedad y no la vida humana. “Hubo cero condenas escritas de la presidenta” a la táctica policial y militar.
Ayacucho: 1200 balas usadas en un solo día
En su informe, Amnistía Internacional consigna que accedió también a testimonios de policías y militares en actividad y retirados. Realizó 110 entrevistas en Apurímac, Ayacucho, Puno y otras ciudades afectadas en las manifestaciones contra el Gobierno; planteó 56 solicitudes de información pública, algunas de ellas apeladas ante el Tribunal de Transparencia.
Un hecho de su análisis es que en un solo día, el 15 de diciembre de 2023, en Ayacucho, el Ejército disparó 1200 balas. “No podemos sostener que fueron unas cuantas tropas desprolijas, sabemos que hubo órdenes”, afirmó la organización.
En esa línea, Amnistía Internacional criticó los pocos resultados mostrados por la Fiscalía en la investigación a la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y altos mandos de la Policía y Militares, parte de la cadena de mando.
Llamó la atención del poco avance de la carpeta fiscal 277, que involucra a Dina Boluarte y sus ministros. “Sus avances pareciera superficial, caso inexistente en resultados”.
