La Contraloría General de la República informó que, después de Lima, Junín es la región con más servidores públicos involucrados en presuntos actos irregulares y por haber ocasionado pérdidas económicas a entidades públicas.
Unos 175 funcionarios y servidores públicos de la región fueron identificados como presuntos responsables penales, civiles y administrativos por la Contraloría mediante acciones de control posterior realizadas entre enero y noviembre de este año.
Según los 28 informes de la entidad de control, estas personas tendrían en total 324 responsabilidades: 130 penales, 27 civiles y 149 administrativas.
También se indicó que a nivel de Procedimiento Administrativo Sancionador en la Contraloría, los casos son 18, cuya sanción máxima es la inhabilitación para trabajar en el Estado nuevamente.
En la región las principales entidades afectadas son el gobierno regional; las municipalidades provinciales de Huancayo, Chupaca, Jauja y Chanchamayo; La EPS Sedam Huancayo S.A.; la Dirección Regional de Salud (Diresa Junín); la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma; la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A.; las municipalidades distritales de Pangoa y El Tambo; entre otras.
