Los problemas judiciales no tienen cuando acabar para el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. Mientras aguarda el martes 20 de junio para conocer la decisión de la apelación a la sentencia vigente que tiene por difamación y cuya ratificación puede costarle el cargo, en un mes más también tendrá que enfrentar otro proceso judicial por el mismo delito.
Esta vez el querellante es Ricardo Morales Gamara, exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, quien le exige al burgomaestre el pago de 100 mil soles como reparación civil por haber afectado su honor y reputación.
Según la resolución N° 14 del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el juicio oral por este caso se realizará el 26 de julio del 2023 a las 9 de la mañana en la plataforma Google Meet. El alcalde deberá asistir bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y ser conducido compulsivamente.
El origen del conflicto se remonta al año 2019, cuando Fernández era alcalde del distrito de Moche y pretendía intervenir en un camino ubicado cerca de las huacas de esa jurisdicción. El Proyecto Huacas de Moche se opuso a esta acción, argumentando que se ponía en riesgo el patrimonio cultural.
Desde entonces, según la denuncia de Morales, Fernández inició una campaña difamatoria contra él, atribuyéndole hechos deshonrosos como actos de corrupción y tráfico de piezas arqueológicas. Estas imputaciones fueron realizadas a través de la página de la Municipalidad Distrital de Moche.
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