El director ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) Chanchamayo, Efraín Edgardo Arias Quintana, y otros seis funcionarios fueron señalados en una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación y administración de personal. El documento advierte posibles favorecimientos a familiares y allegados, cambios irregulares de cargos y omisiones en el control de los recursos humanos.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central pide investigar a los funcionarios por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Uno de los casos involucra a Fabio Jason Valverde Mallma, responsable de Contratos de la RIS Chanchamayo. Según la denuncia, habría ingresado a la institución como auxiliar administrativo, pero posteriormente obtuvo una resolución de nombramiento como técnico administrativo I. La denuncia atribuye este cambio a una presunta falsificación de documentos.
Como sustento, adjunta boletas de pago desde 2018 hasta diciembre de 2024, contratos, adendas y la resolución de nombramiento de diciembre de 2025. El documento sostiene que existirían inconsistencias en la denominación de su cargo y en los documentos utilizados para su designación.
Cuestiona contratación de familiares
La denuncia también menciona a Rocío Aliaga Huaringa, hermana de Isabel Aliaga Huaringa, quien fue contratada bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 como técnica en enfermería, pese a que habría mantenido un contrato de locación de servicios hasta el 25 de diciembre de 2025.
La denuncia cuestiona esta contratación y atribuye al director ejecutivo conocimiento y participación en una presunta maniobra para favorecer su incorporación a la institución.
Otro caso corresponde a una trabajadora que habría prestado servicios en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo mientras mantenía contratos de locación de servicios con la Red de Salud. La denuncia sostiene que esta situación habría generado una doble percepción de ingresos y el abandono de sus funciones en la institución sanitaria.
Procesos laborales y designaciones
El documento también reúne procesos judiciales laborales promovidos por trabajadoras contra la RIS Chanchamayo. Entre ellos figuran demandas por desnaturalización de contratos, reposición y reconocimiento de derechos laborales.
Uno de los expedientes corresponde a Isabel Yuli Aliaga Huaringa. La Red de Salud emitió la Resolución Administrativa N.° 0041-2026-GR/JUNIN/RIS.CH, que reconoce el pago de S/ 2,395.32 por vacaciones truncas correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de junio de 2024 y el 30 de abril de 2025.
Asimismo, se menciona el caso de Luz Gianeyra Ricra Cucho, cuyo proceso judicial cuestionó la desnaturalización de contratos administrativos de servicios. Según la denuncia, el asesor legal de la unidad ejecutora presentó fuera de plazo una apelación contra la decisión judicial. Por ello, el documento sostiene que la sentencia quedó consentida y cuestiona la actuación de los funcionarios responsables de la defensa legal de la entidad.
La denuncia también observa la designación de Luz Mery Rojas Muñico como jefa de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, mediante una resolución de febrero de 2026. Además, cuestiona una licencia por maternidad de 98 días con contraprestación económica, debido a su condición de trabajadora de confianza.
Pide investigar a siete funcionarios
El pedido de investigación comprende a Efraín Edgardo Arias Quintana, director ejecutivo de la RIS Chanchamayo; Cristhian Sandoval Aquino, jefe de Administración; Jonathan Rafael Póvez, jefe de Gestión de Recursos Humanos; Máximo Carlos Lavada Puente, jefe de Asesoría Jurídica; Junior Diego Paucar Paucar, responsable de AIRHS; Fabio Jason Valverde Mallma, responsable de Contratos; y Jocelyn Mery Fernández Magencio, exresponsable de AIRHS.
El denunciante solicita a la Fiscalía revisar las plazas creadas, modificadas y asignadas desde 2023, así como los perfiles profesionales de los trabajadores contratados. También pide requerir los expedientes originales de quienes mantienen procesos laborales contra la institución.
La denuncia atribuye a los responsables de Recursos Humanos omisiones en el control de contratos, nombramientos y designaciones. Sin embargo, la presentación del documento no acredita la comisión de delitos ni la responsabilidad de los funcionarios señalados.
