La Policía Nacional no cuenta en Junín con personal capacitado para extraer evidencias digitales en casos de ciberacoso, lo que obliga a enviar las pruebas a Lima y prolonga las investigaciones, advirtió la fiscal superior Brenda Montenegro Arenaza en la presentación del Protocolo Regional de Actuación frente al Ciberacoso contra Adolescentes, realizado este viernes, en Huancayo.
La mayor PNP Judith Gamarra Lázaro reconoció la falta de efectivos especializados y anunció que trasladará el pedido de capacitación al comando policial para gestionar la preparación de personal en esta labor. La oficial precisó que la División de Investigación Criminal cuenta con un personal, pero se encuentra acreditado para el acoso cibernético.
Montenegro también señaló que el Ministerio Público necesita reforzar la capacitación de los fiscales. Aunque existe preparación, consideró que no responde al nivel de los casos que se presentan.
Aumentan los casos de bullying
La fiscal confirmó que los reportes de violencia escolar aumentaron en 2026 respecto de 2025. El incremento comprende violencia física, psicológica y sexual, y septiembre registró un pico, según las estadísticas del portal SíseVe del Ministerio de Educación.
En Junín, al menos 37 casos corresponden a ciberacoso.
Montenegro advirtió que las cifras oficiales no reflejan necesariamente todos los casos. Existe una «cifra negra» de menores que sufren violencia, pero no la denuncian.
Evidencias digitales van a Lima
La falta de personal especializado dificulta la obtención de pruebas en investigaciones por acoso a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea.
Montenegro explicó que las evidencias deben enviarse a Lima para su extracción, lo que incrementa el tiempo que toma una investigación. Por ello, consideró necesario contar con personal capacitado dentro de Junín.
En determinados casos de violencia digital ejercida por adultos contra menores, la Fiscalía también puede solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones para acceder a información relevante de las plataformas digitales.
La fiscal señaló que tanto el Ministerio Público como los jueces necesitan fortalecer sus capacidades para responder a estos casos.
Para el Ministerio Público, las charlas preventivas que los fiscales realizaen en instituciones educativas deben complementarse con otras medidas, como más psicólogos en los colegios y que los comités de gestión del bienestar educativo asuman un papel activo en la prevención y atención de la violencia escolar.
Protocolo de atención
El Protocolo Regional de Actuación frente al Ciberacoso contra Adolescentes establece una ruta de prevención, detección y atención de la violencia digital contra adolescentes de 12 a 17 años.
El instrumento, aprobado con Ordenanza Regional 425-2025-GRJ/CR, contempla la detección y el registro del caso, una evaluación preliminar, la derivación según el riesgo, la coordinación entre instituciones y la aplicación de medidas de protección y seguimiento.
El protocolo también comprende situaciones de violencia digital ejercida por adultos contra menores. Cuando los hechos constituyen una presunta infracción penal, intervienen las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.
La presentación de este protocolo reunió a representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Regional de Educación, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil.
