La Fiscalía Anticorrupción de Junín formalizó investigación preparatoria contra Julio César de la Rosa Luján, candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la Alcaldía Provincial de Huancayo, por el presunto cobro indebido de tributos durante su gestión como jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH).
La disposición fiscal, emitida el 28 de agosto de 2026, comprende a 11 investigados. De la Rosa figura como presunto autor, junto con Juan Braulio Gonzales Franco, mientras que otros nueve trabajadores aparecen como presuntos cómplices primarios.
El caso se centra en la metodología utilizada por el SATH para determinar el valor de las construcciones y calcular el Impuesto Predial correspondiente al 2024.
Siete partidas en vez de tres
Según la Fiscalía, funcionarios del SATH modificaron declaraciones juradas de contribuyentes e incorporaron partidas constructivas que no correspondían a la metodología vigente.
El expediente sostiene que se utilizaron siete partidas, cuando la metodología aplicable contemplaba tres para esos casos. La Fiscalía considera que esa diferencia incrementó el valor de las construcciones y, como consecuencia, el monto del Impuesto Predial determinado para los contribuyentes.
La investigación toma como referencia normas relacionadas con la determinación de los valores oficiales para las edificaciones para esclarecer si la aplicación de esas partidas respondió a un error técnico o a una decisión deliberada para incrementar la determinación tributaria.
Un contribuyente cuestionó la valorización
La disposición fiscal incorpora el caso de Walter Nicanor Onofre Medina, cuyo predio registró una valorización de S/278 mil 750,53 por construcción, S/86 mil 659,89 por otras instalaciones y S/19 mil 065 por terreno, para un valor total de S/384 mil 475,35.
El contribuyente cuestionó el cálculo y pidió la rectificación de su declaración. El SATH finalmente aceptó el pedido, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente fiscal.
Para la Fiscalía, este caso forma parte de los elementos que permiten examinar cómo se aplicaron las partidas y cómo esas modificaciones incidieron en la determinación del impuesto.
Testimonio de trabajadores
La Fiscalía también recogió declaraciones de trabajadores del SATH sobre el procedimiento utilizado para actualizar las declaraciones juradas.
Kattia Salvatierra Córdova declaró que recibió por WhatsApp una instrucción para apoyar la actualización masiva de declaraciones y que dejó temporalmente sus labores habituales para cumplir esa tarea.
Por su parte, Grethel Paola Martínez Urtecho declaró sobre las modificaciones realizadas y señaló que el criterio aplicado provenía de la “Alta Dirección”, según recoge la disposición fiscal.
Estos testimonios forman parte de los elementos que la Fiscalía utiliza para establecer quiénes participaron en las modificaciones y qué instrucciones recibieron.
Fiscalía incorpora un audio
El expediente también contiene un acta de escucha y reconocimiento de voz relacionada con una conversación atribuida a De la Rosa.
Según la disposición, el entonces jefe del SATH reconoció su voz. En la conversación aparece una referencia a alrededor de S/1,6 millones vinculados con la recaudación y también la expresión “secreto industrial”.
La Fiscalía incorporó este elemento junto con los informes técnicos, declaraciones de trabajadores y documentación tributaria para sustentar la investigación.
Once investigados
Además de De la Rosa y Gonzales Franco, la disposición comprende a Karen Gisella Torres Bonilla, Gloria María Pomasunco Mayta, Kattia Salvatierra Córdova, Ivett Gisely Huatuco Bravo, Erika Cristina Cerrón Gómez, José Luis Buendía Manturano, Pedro Paucar Hinostroza, Grethel Paola Martínez Urtecho y Michael Anthony Saravia Romero.
La Fiscalía dispuso continuar con la investigación preparatoria durante ocho meses y realizar las diligencias necesarias para determinar la participación de cada investigado.
