El 28 de agosto, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso la Proposición Legislativa 098, mediante la cual solicita facultades para legislar durante 120 días en diversas materias. La encargada de redactar el dictamen que será debatido en el Pleno es la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados; sin embargo, hasta el momento seis comisiones han emitido opiniones desfavorables y solo dos respaldan este pedido al Congreso.
Llama la atención que una de las comisiones que dieron el visto bueno al pedido del Ejecutivo haya sido precisamente la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pese a las advertencias y alertas que emitieron diversos especialistas y organizaciones que defienden el patrimonio natural, la biodiversidad y el derecho de los pueblos indígenas.
En el caso de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), emitimos un análisis en donde advertimos riesgos potenciales que podrían afectar a los indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), las áreas naturales protegidas, los territorios ancestrales de las comunidades nativas e incluso la naturaleza de los estudios de impacto ambiental.
¿Qué riesgos ambientales encontramos en el pedido de facultades legislativas?
En el caso de los PIACI, por ejemplo, se pretende modificar la norma que protege a estas poblaciones para plantear la continuidad y ejercicio efectivo de derechos preexistentes vinculados a actividades de hidrocarburos, sin evaluar el riesgo que puede implicar el ingreso de personal, contratistas o equipos para la salud de estos pueblos en extrema vulnerabilidad.
Otra medida que preocupa es la modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) con el objetivo de reducir parques o reservas nacionales para priorizar proyectos, especialmente de hidrocarburos. Y este pedido se hace justo cuando el Estado ha mostrado nuevamente interés en implementar proyectos de hidrocarburos en zonas como los parques nacionales del Manu y Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, que abarcan territorios amazónicos de Madre de Dios, Cusco y Puno. De aprobarse las facultades legislativas, estos espacios naturales estarían en peligro y esto podría convertirse en una práctica habitual en otras ANP.
La propuesta también plantea que los bosques de producción permanente y las concesiones forestales prevalezcan sobre derechos posteriores e incompatibles. Esta medida podría afectar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, que pueden existir antes de que el Estado culmine su reconocimiento o titulación. Que una comunidad obtenga un título posteriormente no significa que su derecho haya nacido en ese momento. Además, nuestro ordenamiento ya contempla mecanismos para abordar las superposiciones de derechos.
Plantear modificaciones normativas que tengan que ver con la vida de poblaciones vulnerables y zonas sensibles (…), requiere de un análisis profundo que contemple evidencia, debate previo especializado y consulta a los principales afectados.
Simplificar no puede significar menos protección ambiental
El proceso de simplificación administrativa planteado también requiere atención, en tanto busca aplicar el silencio administrativo positivo a instrumentos de gestión y opiniones técnicas. En el caso de las evaluaciones de impacto ambiental, estas requieren revisión sustantiva por parte de las autoridades evaluadoras sobre los impactos ambientales y sociales que tendrían los proyectos de inversión. No es un procedimiento que pueda darse por cumplido solo por el paso del tiempo.
Sobre las opiniones técnicas vinculantes dentro de procedimientos de evaluación ambiental, estas aseguran las garantías técnicas necesarias que caracterizan una evaluación ambiental. Aplicar el silencio administrativo positivo debilita los procedimientos ambientales y deja fuera a organismos especializados que pueden aportar de forma sustantiva a estos procesos.
El desafío: avanzar sin perder lo que hemos construido
En la SPDA creemos que plantear modificaciones normativas que tengan que ver con la vida de poblaciones vulnerables y zonas sensibles como lo son las áreas protegidas, requiere de un análisis profundo que contemple evidencia, debate previo especializado y consulta a los principales afectados. Consideramos que, en la actual coyuntura, las facultades legislativas deben priorizar la atención en situaciones de emergencia, como la inseguridad y el fenómeno El Niño, que podría tener impactos históricos, según los centros especializados.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad fundamental de evaluar tanto el articulado de la solicitud como su exposición de motivos. Esta última permite entender qué medidas pretende adoptar el Ejecutivo y cuáles serían los alcances de las facultades solicitadas. Todos coincidimos en que el Perú necesita un Estado que funcione mejor e inversiones que nos permitan imaginar un futuro más próspero. El desafío es hacerlo sin retroceder en la protección de nuestra riqueza natural ni en los derechos de las personas.
* Puedes revisar y descargar desde este enlace el documento «Análisis en materia ambiental del pedido de facultades legislativas» de la SPDA.
