Los ocho militares acusados de matar a cinco civiles en Colcabamba ya tienen fecha para que se revise su prisión preventiva. Será el 3 de agosto, justo cuando la nueva ley del fuero militar policial podría cambiarles el camino.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó el 20 de julio, por insistencia, la ley que deja las investigaciones contra policías y militares en manos exclusivas del fuero militar policial, y no de la justicia ordinaria. La promulgación llegó luego de que el mandatario José Balcázar dejara pasar el plazo constitucional sin observarla.
¿Coincidencia?
La ley llegó el mismo día en que la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo fijó la fecha para revisar la prisión preventiva de los ocho militares acusados de matar a cinco civiles en Colcabamba. Según la Resolución N°12, la Sala programó la audiencia para el 3 de agosto a las nueve de la mañana, de forma virtual, por Google Meet o videoconferencia, justo el 20 de julio en que Rospigliosi promulgó la ley.
Con esa apelación, la defensa busca revertir lo que se decidió el 19 de junio, cuando se declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra el capitán Luis Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano. Todos pertenecen a la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N°31. El juez Joel Matos Centeno, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas, fue quien dictó los 12 meses de prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja. Cinco jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos. Las Fuerzas Armadas dijeron al inicio que la patrulla había repelido un ataque de presuntos narcotraficantes. Pero la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín descartó esa versión. Según sus conclusiones, nunca hubo enfrentamiento y los militares dispararon en una sola dirección contra la camioneta, sin que existiera una amenaza real.
“Barrer el sistema judicial”
Rospigliosi ya había cuestionado la decisión del juez Matos Centeno semanas antes de la promulgación. En una columna en el diario Expreso, planteó que hace falta “barrer el sistema judicial” que, según él, protege a delincuentes y persigue a policías y militares. Cuestionó además que los ocho integrantes de la patrulla recibieran la misma medida, mientras los presuntos narcotraficantes involucrados en el caso seguían en libertad.
Los abogados de los militares ya habían dejado ver desde junio que podían acogerse a esta norma. Antony Crespo, abogado de las víctimas, ha insistido en que eso no cambia lo esencial. Para él, tanto la Constitución como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son claras, cuando hay presuntas violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, el caso debe resolverse en el fuero civil, no en el militar.
