El congresista de la Bancada Socialista Alex Flores presentó esta tarde una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, “por haber mentido y deshonrado a la nación”. El documento incluye una propuesta de inhabilitación hasta por el periodo de diez años.
De acuerdo con el parlamentario representante de Ayacucho, el ministro Santiváñez habría incurrido en infracción de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna. El primero hace referencia a la obligación de honrar al Perú. El segundo hace mención a la obligación de todos los funcionarios de servir a la nación.
La denuncia es presentada luego de la mentira en vivo del ministro, durante la entrevista con el dominical Cuarto Poder, cuando reveló que había accedido con anticipación al guion del informe que se iba a difundir con acusaciones en su contra. Debido a la gravedad de la información, la conductora del programa le pidió que precise quién le facilitó el texto y Santiváñez atribuyó el hecho a la jefa de prensa del sector Interior. Sin embargo, en pleno programa en vivo esta versión fue desmentida.
“Es claro que un ministro que ha mentido a la Nación de esa manera y se ha burlado del país ha incurrido en flagrante infracción a la Constitución Política, porque con su nefasto, falaz y mentiroso proceder ha deshonrando al Perú y al hacerlo ha quebrantado sus deberes de respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”, se lee en la denuncia tramitada por Alex Flores.
El parlamentario plantea también que el hecho debe ser materia de investigación en el Ministerio Público, con el fin de determinar si estamos ante una práctica de “chuponeo”.
Alex Flores precisa que el ministro del Interior ya antes le ha mentido al país, cuando negó el ejercicio de la defensa legal de policías investigado por presunta corrupción y crimen organizado.
Según el recuento del legislador, Santiváñez negó la defensa del general Héctor Petit Amésquita, director de Administración de la Policía, “involucrado en presuntas compras sobrevaloradas en el rancho policial y mascarillas para enfrentar la pandemia”. Lo mismo hizo respecto de la defensa del capitán Johnny Arévalo Quispe, “hoy sentenciado a 22 años de prisión por el delito de asesinato”.
La denuncia constitucional ahora será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuya presidencia está a cargo de Alianza Para el Progreso, bancada que cogobierna con Dina Boluarte, según ha quedado en evidencia en importantes cargos del Ejecutivo asignados a personajes cercanos al acuñismo.
