El 9 y 10 de septiembre, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) organizó marchas en la capital del país, que movilizaron a miles de mineros artesanales e informales. Su principal demanda es la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo.
Este registro, cuyo plazo actual vence el 31 de diciembre de este año, es el centro de un debate nacional que involucra cuestiones económicas, ambientales y de seguridad.
Exigen otra prórroga que permita ampliación del Reinfo
El proceso de formalización minera en Perú tiene una larga y complicada historia, marcada por la implementación de diversos programas destinados a lograr esta transición.
En este contexto, se estableció el Reinfo para facilitar el paso hacia la formalidad. Sin embargo, hasta la fecha, el Reinfo solo ha sido objeto de múltiples prórrogas y modificaciones.
A menos de cuatro meses para que expire el plazo actual para la formalización minera, la Confemin exige la extensión del Reinfo ¿Cómo? A través de la aprobación de un proyecto de ley que busca prolongar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Una propuesta controvertida, ya que expertos y organizaciones ambientales advierten que permitiría a mineros informales e ilegales operar bajo una apariencia de legalidad, sin cumplir los requisitos legales.
Es importante señalar que en marzo de este año, con 78 votos a favor y sin necesidad de una segunda votación, el Congreso aprobó derogar una norma, incluida en un decreto legislativo, que tenía como objetivo frenar la minería ilegal y fortalecer el proceso de formalización.
Esta derogación también desautorizó a la Policía Nacional para intervenir en casos de tenencia ilegal de explosivos en actividades mineras. 
Ampliación del Reinfo dificultaría la lucha contra la minería ilegal
“Llevamos 25 años en un proceso extraordinario de formalización minera sin ningún éxito. Pedir más extensiones solo perpetúa la informalidad y, por ende, la ilegalidad”, señala Karina Garay, coordinadora de Amenazas de FZS Perú.
Según la especialista, el proceso actual no ha traído beneficios significativos ni para los mineros ni para la protección ambiental, por lo que su ampliación resulta inútil, ya que no está cumpliendo con su fin.
Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), advierte que la ampliación del Reinfo mantendría el actual estatus quo.
“Y se mantendría el principio de exención de responsabilidad penal”, afirma ¿A qué se refiere? Esta exención permite que quienes se inserten al Reinfo eviten consecuencias legales por minería ilegal, una medida que se instauró para “fomentar la formalización”.
Para Vera, esta medida dificulta la lucha contra la minería ilegal y fomenta un manto de impunidad. “Esto significa que las autoridades policiales y fiscales especializados en delitos ambientales no pueden intervenir, ya que los involucrados tienen una especie de salvoconducto”, aclara.
“Por lo que se busca con la ampliación es que todo siga igual”, añade. Garay comparte esta perspectiva y sostiene que el proceso actual no fortalece la minería formal ni combate eficazmente la minería ilegal.
Además, señala que la constante extensión de los plazos del Reinfo disminuye la presión sobre los involucrados para regularizar su situación de manera efectiva. Así se concluye que el Reinfo presenta deficiencias que deben corregirse en lugar de prolongarse con nuevas ampliaciones. 
Contratos de explotación y Confemin
“Un tema complejo sigue siendo los contratos de explotación o cesión entre titulares y mineros”, subraya Vera. Explica que, por un lado, hay unos 2 000 mineros que están operando en concesiones autorizadas, principalmente en la gran y mediana minería.
Por otro lado, muchos pequeños titulares tienen sus concesiones ocupadas por mineros informales o ilegales, un factor que complica la regulación.
El director de V&C Analistas también cuestiona el destino de los 86 953 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales más de 20 mil están activos, mientras el resto tienen su registro suspendido.
Entre las demás demandas de la Confemin, se incluye la renuncia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, así como la promulgación de una ley que regule la pequeña minería y la minería artesanal.
En relación con esta última propuesta, Vera señala que su enfoque principal será la reforma constitucional del régimen de concesiones, lo que podría conllevar cambios trascendentales en la gestión de los recursos naturales del país.
Además de las marchas, representantes de la Confemin realizaron un plantón masivo frente a la fachada del Minem y se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el titular del sector el 10 de septiembre.
Aun así, las movilizaciones continuaron, y al día siguiente la Confemin celebró el cónclave de la pequeña minería y minería artesanal. Un evento en el que participó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien expresó su apoyo. 
¿Qué caminos hay?
Expertos del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible elaboraron un informe con 10 propuestas clave para abordar los desafíos de la pequeña minería y minería artesanal.
Las recomendaciones incluyen mejorar la coordinación entre organismos estatales, reformar el marco institucional, ofrecer incentivos que promuevan la formalización, restablecer el orden interno, entre otras medidas. Conoce más aquí.
Por su parte, Garay resalta la necesidad de un proceso de formalización minera eficiente que simplifique trámites, mejore la fiscalización y brinde incentivos para prácticas responsables. Señala que la burocracia y la débil supervisión regional llevan a algunos mineros a abandonar la formalización y recurrir a prácticas que ya no son solo informales, sino ilícitas.
“Es necesario promover un ‘oro limpio’, que cumpla con los parámetros ambientales y no utilice mercurio”, afirma. La presión de Confemin y las respuestas del gobierno y el Congreso marcarán el rumbo de este conflicto. Una situación que se complica aún más en territorios indígenas, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, donde la supervisión estatal es escasa.
La minería ilegal frecuentemente conlleva delitos conexos como tala ilegal, corrupción, tráfico de tierras y contaminación de fuentes hídricas. Por lo que el desenlace tendrá un impacto en la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades afectadas.
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