El fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela debe ser motivo de alerta para cualquier democracia, en particular porque los fenómenos políticos —buenos o malos— tienden a contagiarse entre países vecinos.
Destaca la condena contra la dictadura de Maduro de parte de grupos peruanos como Renovación Popular o el fujimorismo. Y coinciden —en este único punto— con las voces defensoras de la democracia que denuncian al régimen chavista desde hace más de 20 años, pero también al fujimorismo actual por sus maniobras autoritarias, inconstitucionales y arbitrarias en el Perú.
Fuera del discurso y las palabras vacías, las coincidencias entre el fujimorismo y el régimen de Maduro son mucho mayores de lo que ambos grupos quisieran reconocer. Dos de ellas son la captura de los sistemas electorales o la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ya consumadas en Venezuela, en proceso en el Perú. Pero también su desprecio por la vida humana, evidenciado en miles de crímenes cometidos por las fuerzas armadas venezolanas y la defensa cerrada del fujimorismo al régimen de Dina Boluarte, que asesinó a 50 ciudadanos y dejó heridos a miles.
Esta vez la presión internacional contra Maduro parece más decidida que antes. La situación de ese régimen destaca en este momento por su precariedad, porque la presión dentro de su país también es mucho mayor. Y además ya escasea su presupuesto para pagarle al a la armada que lo sostiene.
Es un poco vergonzoso coincidir en la condena contra Maduro —al menos de palabra— con grupos abiertamente poco democráticos como el fujimorismo. Esa coincidencia no puede ser legítima cuando este partido denuncia el robo de las elecciones en un país vecino, pero, dentro del Perú está asaltando a los organismos autónomos. Y hace dos décadas, cuando fue gobierno con Alberto Fujimori, también cometió un fraude electoral en las elecciones del año 2000.
