El presidente de la Corte Superior de Justicia Marcial Quispe Paricahua solicitó al Concejo Municipal de El Tambo firmar un convenio interinstitucional para que la infraestructura del municipio sea usada como Unidad de Flagrancia Delictiva de Huancayo.
De manera sorpresiva para los regidores del distrito de El Tambo, la propuesta fue sustentada en la última sesión de concejo por el magistrado del Poder Judicial y una representante del gobierno regional de Junín.
La mayoría de regidores se mostró en desacuerdo con ceder el local, pues afectaría a los trabajadores municipales, pero la representante de Zósimo Cárdenas dio a conocer que alquilarán un local a donde serán trasladadas las áreas administrativos para que trabajen con normalidad.
El convenio plantea la cesión de la infraestructura de El Tambo por un plazo de dos años, tiempo en el que el gobierno regional deberá construir el local definitivo donde funcionará la Unidad de Flagrancia Delictiva.
Con el argumento de combatir la inseguridad ciudadana, los representantes del Poder Judicial y el Gobierno Regional dejaron a consideración del Concejo la propuesta, sin embargo por tratarse de un pedido del que no tenían conocimiento, decidieron derivar la documentación a la comisión de administración y evaluarla a detalle los próximos cinco días.
Unidad de Flagrancia
La unidad de flagrancia es una estructura judicial especializada en casos de delitos descubiertos al ser cometidos o inmediatamente después.
Su objetivo es investigar, juzgar y sancionar con celeridad los delitos comunes, en una sola infraestructura, en coordinación entre el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.
El Estado asignó 52 millones de soles al Poder Judicial para implementar Unidades de Flagrancia a nivel nacional, en Junín intentaron instalar la estructura judicial en el Yalpana Wasi ubicado en Chilca, pero no prosperó por consideración a la memoria de las víctimas de violencia interna.
