La Contraloría General identificó a 175 funcionarios y servidores públicos de Junín por tener presunta responsabilidad en actos irregulares y perjuicios ocasionados a las entidades públicas de esta región, de acuerdo a 28 informes de control posterior emitidos entre enero y noviembre del 2023.
Estas personas tendrían un total de 324 responsabilidades. Las responsabilidades penales (130) y civiles (27) deben ser resueltas por el sistema de justicia, mientras que las administrativas deben ser resueltas por la propia entidad (149) y a nivel de un Procedimiento Administrativo Sancionador en la Contraloría (18), cuya sanción máxima es la inhabilitación para trabajar en el Estado.
Las principales entidades afectadas por estos malos funcionarios son el Gobierno Regional de Junín, las municipalidades provinciales de Huancayo, Chupaca, Jauja y Chanchamayo, la EPS Sedam Huancayo S.A., la Dirección Regional de Salud (Diresa Junín), la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, S.A., las municipalidades distritales de Pangoa y El Tambo, entre otras.
Después de Lima (1486), Junín es la segunda región con más funcionarios identificados en presuntos actos irregulares y por haber ocasionado pérdidas económicas a las entidades públicas.
En lo que va del año, la Contraloría realizó en Junín 1695 servicios de control. De los cuales, 1433 corresponden a simultáneo, 261 a posterior y uno a un control previo. Los informes fueron notificados a las entidades auditadas para que corrijan oportunamente los riesgos advertidos y sancionen en los casos que correspondan.
