Aproximadamente a las 6:20 de la mañana de este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción, personal de la Policía y de la Contraloría General de la República, ingresaron a las oficinas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a las áreas vinculadas a la gestión presupuestal, para recabar información sobre la actuación de laa presunta organización criminal “Los Incorregibles”.
De acuerdo con la Fiscalía, esta organización delictiva actuaba través de la vulneración, manipulación y/o interferencia del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), a la cual ingresaban suplantando la identidad de algunos funcionarios públicos, con y sin conocimiento, por medio de sus códigos de acceso, para manipular y/o alterar las fases de devengado y girado de ejecución del presupuesto público.
Las autoridades allanaron las oficinas de Abastecimiento, Soporte Técnico y Tecnología de la información y comunicaciones. Las computadoras usadas como servidores de Planeamiento, Presupuesto y Contabilidad son parte de las pesquisas.
El gerente municpal, Jesús Navarro, explicó a la prensa que el documento judicial que autoriza allanamiento a estas las oficinas, no contienen algo “específico”, y se limita a brindar las facilidades del caso.
La Municipalidad Provincial de Huancayo es una de las once entidades del Estado en el ámbito nacional allanadas por la Fiscalía. Las otras son el Gobierno Regional de Apurímac, la Municipalidad Distrital de Majes en Arequipa, la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo en Ayacucho, el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Gobierno Regional de Arequipa.
También las Municipalidades Distritales de Mara en Apurímac, Ricardo Palma y Supe en Lima, Punta Negra en El Callao y la sede del Ministerio de Economía y Finanzas.
En Lima, el fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, informó que esta organización criminal logró sustraer 1 millón 800 mil soles hasta el momento y el operativo de este miércoles impidió que se apropien de otros 20 millones de soles.
El forma de actuar de los implicados en esta investigación, que simulaban la generación de expedientes para los desembolsos de dinero, configuran delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso y lavado de activos. Cinco civiles tienen orden de detención preliminar.
