A través de una Resolución Suprema publicada en El Peruano, el Gobierno cesó este jueves al prefecto regional de Junín, Brangil Mateo, un docente sindicalista cercano al expresidente Pedro Castillo y con él a los 24 prefectos regionales del país.
Días antes, el Ejecutivo había detectado que algunos prefectos regionales estaban involucrados en actos que azuzaban las protestas y el ministro del Interior, César Cervantes, adelantó que su sector evaluaba retirar a todos los prefectos.
El Gobierno le aceptó la renuncia a nueve de los prefectos que habían presentado su carta, entre ellos el de Junín, Brangil Mateo, y de otros 15 dio por concluida su designación.
“A a propuesta de la Dirección General de Gobierno Interior, considera conveniente aceptar las renuncias formuladas, así como dar por concluidas las designaciones de los/las servidores/as que fueron designados/as en el cargo de Prefecto/a Regional de las diferentes regiones existentes”, señala la Resolución Suprema que lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte y el ministro del Interior, César Cervantes.
El domingo 11 de diciembre, el ministro del Interior, César Cervantes, había advertido que iba a retirar del cargo a prefectos que azucen a la población a cometer actos de violencia.
En reemplazo de los 24 prefectos cesados, el Gobierno no ha nombrado a ninguno.
