Marcela Poirier: un caso de justicia sin perspectiva de género

"Denunciar el acoso u hostigamiento sexual no es fácil. Requiere mucha valentía, porque además de enfrentar a un sistema legal obstaculizador, la víctima enfrenta nuevamente a su agresor". La columna de Amire Ortiz.
La pluma insumisa
Amire Ortiz
Amire Ortiz
amire.ortiz.arica@gmail.com
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Marcela Poirier, arquéologa, egresada de la PUCP, denunció al docente Luis Jaime Castillo Butters ante la comisión especial para la intervención frente al hostigamiento sexual de dicha casa de estudios, por propiciar el consumo de alcohol en espacios educativos, excluirla de oportunidades académicas, por mostrar durante sus clases la imagen de una mujer semidesnuda y por tener comportamientos sexistas y homofóbicos.

Ella se motivó a romper el silencio años después, debido a un artículo de un periodista estadounidense que recogía testimonios anónimos de otras estudiantes que acusaban al referido docente, quien, además, es exministro de cultura, de haberlas hostigado sexualmente, mientras realizaban trabajos de campo en el norte del Perú.

Marcela cumplió de manera diligente un procedimiento regular para que, como ella misma afirma, su caso sea parte de la lucha contra la violencia de género en las universidades y así promover espacios más seguros para las estudiantes. La comisión de la PUCP afirmó que existen indicios de hostigamiento sexual contra las alumnas; sin embargo, al ocurrir los hechos de manera previa a la existencia de la normativa interna no podía pronunciarse con ninguna acción disciplinaria. Este hecho también es cuestionado por un equipo de docentes mujeres de la propia universidad.

Hace público su caso

Esto llevó a que Marcela, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, contase los hechos y haga la denuncia pública a través de sus redes sociales. Como consecuencia de esto, Luis Jaime Castillo Butters la denunció por el delito de difamación, exigiendo inicialmente una reparación civil de 2 millones de soles, reducida luego a 200 mil soles. Este hecho ha traído consigo un proceso sumamente difícil para la víctima, la única que se atrevió a dar el rostro y denunciar los hechos abiertamente.

El resultado es que el Poder Judicial, increíblemente, acaba de sentenciar en primera instancia a Marcela, a una condena de prisión suspendida de 1 año y 8 meses, y al pago de una reparación civil de 180 mil soles, generando un precedente peligroso que pone en situación de riesgo a todas las mujeres que se atreven a romper el silencio y denuncien a sus agresores.

“Denunciar el acoso u hostigamiento sexual no es fácil. Requiere mucha valentía, porque además de enfrentar a un sistema legal obstaculizador, la víctima enfrenta nuevamente a su agresor”

¿Cuál es el mensaje del Estado? Pareciera este: mejor cállate y nunca denuncies, porque si lo haces te irá peor.

Denunciar el acoso u hostigamiento sexual no es fácil. Requiere mucha valentía, porque además de enfrentar a un sistema legal obstaculizador, la víctima enfrenta nuevamente a su agresor, quien por lo general se encuentra en una situación de poder respecto a su víctima y además de esa situación de asimetría se debe lidiar con la injusta sanción social, propia de una comunidad machista que revictimiza a las mujeres denunciantes.

Desprotección de las víctimas

Ninguna mujer está recabando todos los materiales probatorios mientras es víctima de hostigamiento sexual. En ese momento no siempre existen las condiciones que permitan registrar el hecho violento, lo que genera que muchas no se atrevan a denunciar por miedo a que no les crean o que cuando lo hagan no accedan a recursos judiciales idóneos. Esto conlleva a la impunidad y los derechos de las mujeres se encuentren desprotegidos. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos observa que la gran mayoría de casos de violencia contra las mujeres quedan impunes y esto alimenta la perpetuidad de la violación de derechos humanos, pues evidentemente en una cultura social en donde no pasa absolutamente nada. Los agresores machistas se sienten totalmente libres de ejercer su poder patriarcal contra las mujeres.

El poder judicial peruano no ha considerado los estándares internacionales que valoran el testimonio de las víctimas de violencia de género como medios probatorios válidos. Para la jueza Gabriela Torrejón todavía tiene que existir una sentencia firme para que se proceda con una denuncia pública. Bajo ese supuesto, ningún periodista de investigación ni ninguna persona podría denunciar hechos materia de investigación penal. Sabemos que así no es.

Lo perjudicial es que este tipo de acciones judiciales dan cabida a discursos que pretenden burlar la denuncia de todas aquellas que expongan a sus acosadores, con el argumento de que no porque una mujer denuncie, el hecho tiene que ser creído. Precisamente eso, creele a la víctima, es lo que debemos hacer, sobre todo en casos ocurridos bajo una estructura social en el cual las mujeres están en desventaja.

“Ninguna mujer está recabando todos los materiales probatorios mientras es víctima de hostigamiento sexual (…) lo que genera que muchas no se atrevan a denunciar por miedo a que no les crean o que cuando lo hagan no accedan a recursos judiciales idóneos”

El testimonio de la víctima es el medio mediante el cual se toma conocimiento útil del hecho para el juzgamiento. En ese sentido la Defensoría del Pueblo emitió la recomendación de que la declaración de la víctima sea considerada como prueba fundamental y sea adecuadamente valorada junto a otros medios probatorios.

Castillo Butters tiene mucho poder y esto dificulta a que las demás mujeres que alegan ser víctimas de este señor quieran salir del anonimato. Su actuar al querellar a una joven y la forma en como se ha procesado el caso pone en evidencia un uso abusivo del delito de difamación cuyo principal propósito es deslegitimar la lucha contra la violencia de género y amedrentar a quienes se atrevan a denunciar.

La sentencia es un acto de criminalización a las defensoras de derechos humanos y genera un precedente inaudito que pone en riesgo a miles de mujeres en nuestro país, quienes además de estar expuestas a la violencia no tendrán a un Estado garante que resguarde sus derechos y atienda sus demandas cuando estos sean vulnerados.

El caso será apelado y será responsabilidad colectiva estar al tanto del mismo y ejercer la labor ciudadana que exprese la preocupación y rechazo a la actuación de la justicia sin perspectiva de género.

La violencia de género no un problema banal, el sistema interamericano reconoce que la violencia contra las mujereses un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea. No podemos permitir que se ejerza actos de criminalización y persecución contra mujeres que forman parte de la resistencia que enfrenta la violencia.