Muchos de los pesares y preocupaciones que se generaron en el proceso electoral apuntaban a cuestionar la falta de garantías en la atención de problemas de violencia de género. Nuevamente, al segundo de juramentado el gabinete Valer el rechazo a aspectos fundamentales de no tolerancia a la violencia a la mujer se hizo presente, pero veamos, es realmente ese el interés de todas las partes o se trata por el contrario de la instrumentalización de una causa válida y convocante para insistir en sugerir salidas antidemocráticas ante la crisis social y política en la cual estamos inmersos/as una vez más. Porque ojo, lo de la vacancia y la nueva versión de Merino es una salida no viable para el país.
Héctor Valer es una clara representación de lo que no se quiere ni se necesita en un puesto de ejercicio de poder público para bienestar de nuestro país, un sujeto camaleónico políticamente hablando, sin integridad ni principios y fines coherentes con alguna postura política y además es, según las propias denuncias de las víctimas, un agresor de mujeres al que incluso, como lo vimos en medios, no le importó revictimizarlas con tal de afianzarse al cargo. Desde distintos frentes políticos se sintió el rechazo a su designación como primer ministro, por, entre otras razones, ser una persona indigna para el cargo y así mostrar una acción contundente de rechazo a todo aquello que ampare la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, resulta indignante cuando quienes lo cuestionan son quienes nunca cuestionaron que este mismo señor alcance una curul en el congreso por Renovación Popular que tiene discursos de rechazo a los avances sociales que empodere a las mujeres y las libre de violencias. Son quienes no cuestionan las acciones crueles de esterilizaciones forzosas de las cuales fueron víctimas miles de mujeres en el Perú y no rechazan a quien estuvo a cargo de su ejecución como el actual congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, tampoco cuestionan los intentos de sabotaje a la impartición de una educación con enfoque de género mediante la presentación del proyecto de ley 904 que condiciona la calidad educativa a fundamentalismos conservadores que ha sido criticado desde la propia Defensoría del Pueblo.
Es claro que el gobierno de Pedro Castillo incurre no solo en desaciertos sino también en errores y faltas que están traicionando el voto que lo llevó a palacio y que están dilatando los procesos de cambio que el Perú necesita y que el pueblo, al que tanto menciona, le ha encomendado, pero basta escuchar un segundo a Keiko Fujimori, María del Carmen Alva, y personajes símiles que representan determinados grupos de poder para darnos cuenta que para éstos de lo que se trata es la no superación de la derrota electoral y claramente no les importa el bienestar social sino retomar el poder que están acostumbrados a poseer.
Estamos en crisis, no solo de gobierno, sino de todo nuestra política y como en toda acción de fortalecimiento de la democracia la participación de las mujeres y nuestras agendas políticas de desarrollo social claro que importan, y por eso mismo es intolerable que nuestra lucha se instrumentalice para otros fines. La participación ciudadana es clave, pues, aunque el presidente no haya hecho una mea culpa, es ésta la que lo orilló a reorganizar el gabinete ministerial. Castillo tiene tal vez la última oportunidad para intentar hacer las cosas bien, convocar a fuerzas políticas democráticas, atender las demandas de los votos que lo respaldaron, promover la paridad con mujeres que apuestan por mujeres y no por aquellas como la actual ministra de la mujer Katy Ugarte que menoscaba todos los avances alcanzados e integrar a personas con experiencia y capacidad para asumir los desafíos que el Perú necesita.
